El desplazamiento es una amenaza latente en los procesos post desastres. Ante el cambio climático y el esperado aumento en desastres, urge que el gobierno asuma la responsabilidad de establecer políticas que atiendan los impactos previsibles y prioricen la estabilidad de la vivienda ante desastres. El espacio entre el desastre y la protección crea desasosiego y deja vulnerables a las personas inquilinas y a las dueñas de hogares a un desplazamiento en momentos que su prioridad debe ser la recuperación. El establecimiento de políticas públicas fijas asegura la permanencia en el hogar durante e inmediatamente después de un desastre eliminando así la incertidumbre que genera en los hogares y en el mercado esperar por la acción del Estado. Por otro lado, en demasiadas ocasiones, la respuesta del estado ante los riesgos ambientales - natural y socialmente construidos - que se expone una comunidad es el desplazamiento. El retiro planificado, entendido como las políticas para reubicar a personas y comunidades ante una amenaza, sugiere un ejercicio de planificación que no siempre está presente. Cualquier esfuerzo de relocalizar comunidades debe partir de la participación real y efectiva de las personas afectadas, habiéndose explorado y agotado medidas de mitigación, y en consideración de sus derechos humanos.

Dicho esto, no podemos descartar que el contexto de desastres no es el único espacio de desplazamiento. Tras la pérdida poblacional de más de 13% de habitantes en la última década, Puerto Rico tiene como prioridad asegurar la permanencia de sus habitantes. El acaparamiento de viviendas por parte de inversionistas o compañías privadas, así como la especulación con los estorbos públicos, promueve el aumento del costo de la vivienda y la desarticulación de comunidades, lo que, a su vez, redunda en la imposibilidad de permanencia bajo condiciones dignas.

El Estado debe asegurar que ocurran mejoras en las condiciones de las comunidades mientras protege a sus residentes ante el desplazamiento. La rehabilitación de propiedades en desuso ofrece una alternativa para que las personas puedan permanecer en comunidades ya establecidas. Los fondos de recuperación son una oportunidad única de inversión a gran escala para eliminar propiedades que pueden convertirse en estorbos y convertirlas en vivienda digna. Un cambio sencillo a las normas de los programas existentes de reubicación, como permitir adquirir y rehabilitar propiedades en desuso –como se ha hecho en otras jurisdicciones de Estados Unidos– expandiría el inventario de propiedades disponibles y ayudaría a evitar la ruina de estas estructuras. Más allá de la recuperación post desastres, el gobierno debe priorizar la rehabilitación de propiedades en lugar de fomentar la expansión de la huella construida que representa mayores costos económicos, sociales y ambientales.

Acciones recomendadas:

1. →Promover una revisión de las funciones y responsabilidades del Departamento de la Vivienda, promoviendo una reorganización de la agencia para que cuente con la capacidad y recursos para atender los principales asuntos relacionados a la vivienda privada y pública en Puerto Rico. Esto incluye la consolidación de asuntos de vivienda manejados por el gobierno central, con el mandato claro de adoptar política pública, reglamentos y procesos en beneficio de las distintas modalidades de vivienda existentes en la Isla.
2. → Promover una revisión total de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para promover la independencia de la figura del Comisionado - eliminando que sea un puesto nombrado directamente por el Gobernador-, asignando presupuesto y ordenando el cumplimiento con la fiscalización a la banca mediante procesos de querellas abiertos y accesibles al público.