Elecciones 2024: La mirada en la OCIF
En semanas recientes, trascendió que la supuesta “renuncia” del ex Comisionado Joyner Kelly no fue otra cosa que un despido promovido, según autoridades federales, por Bancrédito, una entidad bancaria internacional propiedad de Julio Herrera Velutini. En un escándalo que involucra a la entonces gobernadora Wanda Vázquez, esta entidad financiera tuvo que ser liquidada por la propia OCIF ante las ya admitidas violaciones reiteradas a las leyes y reglamentos contra el lavado de dinero. Estos señalamientos se hacen en un contexto matizado, al menos, por dos elementos: una crisis de vivienda aumentada por la especulación y la urgencia de fiscalizar las ganancias de las industrias - particularmente financieras - que se lucran a partir de negocios relacionados con el financiamiento de hogares. Es aquí donde tenemos que centrar nuestra atención en el rol de la OCIF.
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (la OCIF) tiene la obligación de fiscalizar a la banca. Según su ley habilitadora, esta entidad gubernamental tiene la responsabilidad de supervisar las instituciones financieras que operan o hagan negocios en Puerto Rico. La persona designada como Comisionado o Comisionada de la OCIF tiene la facultad y el deber de atender e investigar las querellas presentadas por la ciudadanía así como imponer multas administrativas a toda entidad financiera que viole las leyes y reglamentos bajo la mira de la entidad.
Aunque esto lo establece muy claramente la ley, no parece estar tan claro para algunos sectores incluyendo la propia entidad. Por años, la OCIF ha rechazado su responsabilidad de atender querellas y de imponer multas por violaciones de ley o reglamentos. Estas controversias han llegado al Tribunal de Apelaciones, donde se ha reiterado la obligación de la OCIF a investigar querellas cuando se alega, por ejemplo, que un banco no cumplió con los procesos de mitigación.
Debemos recordar que, a instancias de Ayuda Legal Puerto Rico, en julio de 2019, la OCIF informó que entre el año 2009 al 2019 sólo atendieron un total de 68 querellas relacionadas a hipotecas. Todas las querellas fueron desestimadas por alegada falta de jurisdicción. Es decir, en todos los casos la OCIF determinó que no tenía autoridad para intervenir ante los reclamos de abusos y violaciones presentados por ciudadanos.
La OCIF tiene que cumplir con sus funciones, fuera de presiones internas y externas, particularmente aquellas de los sectores e intereses que regula.
¿Cuál es el problema?
Muchos. Entre ellos, la falta de autonomía y fiscalización de quien supone fiscalizar. Parecerían asuntos en conflicto, pero son elementos complementarios de una sana administración de los intereses que inciden en la economía y vivienda.
En relación a la autonomía, en su momento,el ex Comisionado Kelly, expresó a la prensa: “[El del Comisionado] Se trata de un puesto de confianza, a la libre disposición del Ejecutivo. Como es así, si hay un retiro de confianza, el funcionario está en la obligación de dimitir”. Esto porque según la ley orgánica de la OCIF, el Comisionado será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y le será directamente responsable al Gobernador. En el caso de Bancrédito, según autoridades federales, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced fue presionada por Herrera Velutini para sustituir al Comisionado de la OCIF por una persona afín a los intereses del banquero, quien conocía de las investigaciones que la OCIF conducía en torno a los malos manejos de Bancrédito. Si bien es cierto, que el liderato actual de la OCIF continuó las investigaciones contra Bancrédito incluyendo el inicio del proceso de su liquidación, la expectativa de que el gobierno intervenga utilizando su poder es reveladora.
En lo que se refiere a la fiscalización de quien fiscaliza, llamamos al hecho de que la investigación de la OCIF se centra en exigir mejores herramientas para la fiscalización de entidades bancarias internacionales. Esto es un buen paso, pero necesitamos más. A nivel operacional, la OCIF necesita un compromiso interno con la educación y difusión de los procesos de querella disponibles para que la ciudadanía denuncie los incumplimientos de las instituciones con las leyes bajo la amplia jurisdicción de tiene la agencia. La canalización de esas querellas no se puede hacer por vía verbal e informal directamente con el banco si no a través de un proceso formal y documentado que permita visibilizar las denuncias presentadas y la resolución de las mismas, con las formalidades que garantizan a la ciudadanía una oportunidad real de utilizar este mecanismo. Además, ausente la documentación por optar por vías informales, es difícil que estos señalamientos encuentren remedio o se recojan en instrumentos vitales para medir la salud de las transacciones bancarias, como son los exámenes periódicos que lleva a cabo la OCIF.
Hay que poner la mirada fiscalizadora en este cuerpo. De lo contrario, se mantendrá susceptible a la expectativa de que se harán de la vista larga o que guiñaran un ojo a sectores o intereses particulares. Esto debe ir sumado con la asignación de fondos que nos permitan tener una OCIF robusta y eficaz.
¿Qué debe suceder ahora?
El gobierno debe atender con urgencia el rol de la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF) y su cumplimiento con la legislación aplicable al sector hipotecario. Se hace necesario una revisión integral de toda la OCIF con el objetivo principal de que ésta verdaderamente fiscalice a las instituciones financieras sin la intervención de inversionistas políticos o vaivenes politicos partidistas. Apostamos a que este año electoral es una oportunidad invaluable de pensar en la OCIF, en un amplio contexto de crisis de vivienda y la urgencia de promover una economía más justa y estable.
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