El negocio de la banca sí es vender
Mientras que miles andan en riesgo de quedar en la calle, para otros la vivienda es objeto de especulación y explotación. Desde 2012, cerca de 40,000 hogares han sido ejecutados en nuestro País. Tan sólo el año pasado, Ayuda Legal Puerto Rico identificó 4,495 demandas de ejecución de hipoteca presentadas. El año cerró con 1,982 casas reposeídas por entidades hipotecarias. Mientras señalamos a inversores extranjeros y la falta de controles del estado, urge reiterar la responsabilidad de las instituciones financieras por esta crisis. Cada día se le hace más difícil a la banca hipotecaria negar que su esquema generación de ganancias SÍ incluye la venta de casas ejecutadas.
La prensa local reportó en abril del año pasado que el costo de venta de casas reposeídas en algunos casos ya había superado el de casas listas para ocuparse. En la nota periodística “¿Cómo funcionan las subastas de viviendas?”, se reveló que usualmente el 99% del catálogo de residencias a ser subastadas lo componen casas que han sido reposeídas.
Estos procesos de subasta suelen estar fuera del alcance de las miles de familias que pierden su casa. Los depósitos para entrar como licitadores, el aumento en los precios de reventa y la competencia desigual con inversionistas de bienes raíces son factores que dificultan el acceso a los procesos de subasta para personas en necesidad urgente de vivienda. El ecosistema de bienes raíces ha provocado que sea muy difícil el adquirir, retener y recuperar una casa para los sectores más desaventajados de nuestro país.
La entrada desenfrenada de capital extranjero en el mercado inmobiliario local ha provisto más oportunidades a entidades hipotecarias de incrementar las ganancias de su inventario de casas ejecutadas, y aún sin ejecutar. Personas dueñas de casas con atraso, o aún en procesos ante los tribunales, nos han alertado de personal del acreedor o algún realtor tomando fotos de la propiedad. En ocasiones estas visitas incluyen amenazas a sus dueñas de que la casa estará próxima para venderse. Ante este escenario, hasta la dación en pago -una de las alternativas para entregar la casa- resulta ser una opción altamente atractiva para algunos acreedores hipotecarios.
El propósito de la hipoteca, y de otras alternativas para adquirir vivienda, se ha tergiversado. Lo que era un recurso financiero para facilitar a una familia adquirir su hogar se ha transformado en una generadora de ganancia corporativa. Todo el proceso hipotecario -desde la concesión del préstamo, la mitigación de pérdida, la ejecución y subasta de la casa- responde principalmente a la creación de riqueza, no de hogares. El efecto neto es el desplazamiento violento de familias que, luego de perder su hogar, suelen estar en una posición aún más difícil de acceder a otra en condiciones dignas de ser habitada.
La defensa del derecho a la vivienda digna y a la justicia económica requiere confrontar aquellas prácticas que fomenten el desplazamiento y la desigualdad. Es necesario exigir el rendimiento de cuentas a aquellas entidades que se lucran subastando derechos ajenos al mejor postor.