Bienvenida al nuevo Secretario del Trabajo

Los pasados dos años representaron grandes retos para personas que resultaron desplazadas de sus trabajos y que, posteriormente, no recibieron asistencia que les permitiera recuperarse. Tal y como usted mismo mencionó en una entrevista, la pandemia del COVID-19 “provocó una ruptura en el mundo laboral”. La responsabilidad de atender la protección social destinada a estas familias era del gobierno. Lamentablemente, tal como pasó con huracanes y terremotos, esto no ocurrió adecuadamente. Ante la vulnerabilidad, más de 1,400 familias trabajadoras recurrieron a nuestros programas para recibir apoyo legal en relación al impacto de la pandemia en sus derechos laborales.

Celebramos que anunciara como una de sus prioridades atender las 90,600 reclamaciones de la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) y las 66,190 reclamaciones de desempleo regular que están pendientes. Su nombramiento puede representar esperanza para estas familias. En atención a esto, reiteramos nuestra disposición de colaborar y trabajar para que se respeten los derechos de las personas trabajadoras y se les garantice una recuperación justa.

Ante el contexto económico y de desastres constantes, necesitamos administraciones de agencias comprometidas con la recuperación justa, los derechos y la rendición de cuentas.

Ante el contexto económico y de desastres constantes, necesitamos administraciones de agencias comprometidas con la recuperación justa, los derechos y la rendición de cuentas.

Urge contar con un jefe de agencia que promueva los derechos fundamentales de los trabajadores. Durante la pandemia, vimos como la agencia destinó sus fondos a campañas contra el fraude, dejando descubierto el derecho a la apelación efectiva y a ofrecer información correcta sobre las licencias disponibles para madres trabajadoras. El Departamento del Trabajo debe velar por la adecuacidad de relaciones obrero patronales y no abonar a narrativas que adelantan la criminalización de las familias trabajadoras. Quien sobrevive a múltiples desastres no está en estado de precariedad porque quiere.

Queda en usted garantizar los derechos de las trabajadoras en procesos de apelación de determinaciones de no elegibilidad. A esto sumamos el tema de los recobros, que, entre otros factores, surgieron a la luz de información contradictoria ofrecida por oficiales del Departamento. Todas sabemos que el atraso en estos procesos de revisión y recobro han llevado a un estado de indefensión a miles de trabajadoras. Lo justo es que, a las que cualifiquen, se les ofrezca la exención al pago de recobro por sobrepago de PUA, adoptando usted las guías sobre el “Overpayment Waiver Authority”.

Las personas necesitan a un Secretario que rinda cuentas sobre el estado de los programas dirigidos a familias trabajadoras, el cumplimiento de sus mandatos y la protección de derechos, así como que garantice el acceso a la información . La información pública es medular. Las personas y organizaciones no deben tener que acudir al tribunal para requerir la información que ya debe estar publicada. Le llamamos a que durante su mandato vele porque las compañías contratadas para el manejo de datos sean diligentes y mantengan una comunicación efectiva con la agencia. La responsabilidad de ofrecer información es del gobierno y eso no se puede delegar.

En esta misma línea, saber qué ocurre con los fondos es importante. Por ejemplo, exigimos saber sobre el American Rescue Plan (ARPA, por sus siglas en inglés), que destinó a Puerto Rico un total de $2.47 mil millones, más otros $150 millones a los municipios bajo el programa del Fondo Estatal de Recuperación Fiscal del Coronavirus.

Si algo nos demuestran los desastres es que las crisis no afectan a todas las personas por igual y son los grupos más vulnerables los más afectados.

Así que ahora más que nunca, esperamos que cumpla con su deber de proteger a las madres trabajadoras que no pueden regresar al trabajo por falta de cuido o escuela para sus hijos. El Departamento tiene que publicar en su portal la carta circular interna PRSD #8 del 14 de julio de 2020, que establece la posible elegibilidad a desempleo regular de estas madres, siempre y cuando su renuncia no constituya un retiro del mercado laboral. Asimismo, esta carta circular debería ser de conocimiento entre todos los oficiales de la agencia para que las determinaciones de elegibilidad no sean arbitrarias.

Por otra parte, resaltamos su compromiso de incrementar la tasa de empleo en el País. Esto debe responder a los derechos laborales y condiciones de trabajo dignas y seguras. En atención al COVID-19, urge requerir a los patronos que revisen sus protocolos de seguridad de acuerdo a los hallazgos científicos más recientes. De igual manera, hay que promover que las empleadas usen la licencia con paga de emergencia aprobada en el 2020 cuando estén contagiadas o sospechen un contagio y no tengan balance de licencia de enfermedad disponible. Por último, debemos estar preparadas para implementar planes de desastres, incluyendo la implementación de procesos de solicitud de asistencia y plataformas que salvaguarden la accesibilidad y confidencialidad de las personas.

Tiene en sus manos un gran reto, proporcional a los múltiples retos que enfrentan las familias comprometidas con el futuro de Puerto Rico. Estamos a disposición de trabajar y colaborar para garantizar que ese futuro sea cada vez más justo y equitativo.

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