Políticas públicas, ganancia y especulación

Ana y su esposo Mario (nombres ficticios para proteger la identidad de la pareja) compraron su casa en el 2001 a través de un préstamo hipotecario con una financiera local. Ante un desempleo imprevisto, se vieron obligados a acogerse a una quiebra. Este evento coincidió con el comienzo de un patrón de venta y reventa del préstamo hipotecario por parte de las entidades hipotecarias. La financiera le vendió a un banco local; el banco a una entidad hipotecaria extranjera y ésta a su vez de vuelta a otro banco local. Al día de hoy, y sin aún entender cómo, Ana y Mario se enteran por primera vez que su préstamo es uno tipo balloon y que la deuda hipotecaria se elevó de $72,000 a $170,000.

Cuando se habla de vivienda, muchos como Ana y Mario imaginan un espacio para habitar, o aún más, un lugar íntimo donde se forman las relaciones más importantes y fundamentales de cada ser humano. No obstante, actualmente esta función intrínseca de la vivienda ha sido desplazada por el valor monetario que la vivienda pudiera representar. Este fenómeno por el cual la razón de ser de una casa cede a la potencial generación de ganancias para sus acreedores se le conoce como “commodification” o mercantilización.

Inicialmente, se percibía el préstamo hipotecario como un mecanismo económico que facilitaba la obtención de un hogar para familias que, de otra forma, se les haría imposible. Pero las pasadas décadas han visto una transformación del pagaré hipotecario (ese documento que es la representación física de la promesa de pago) en un nuevo tipo de moneda transaccional. La facilidad con que un pagaré hipotecario pasa de banco a banco permite dinámicas comerciales que las entidades hipotecarias utilizan para optimizar aún más las ganancias sobre dicha vivienda. Todo el sistema hipotecario ha sido rediseñado con el propósito de explotar la capacidad de creación de riquezas de cada vivienda, aún si eso significa disminuir o ignorar por completo el rol de hábitat íntimo de cada casa.

Una de las manifestaciones más perjudiciales de la mercantilización de la vivienda es cuando los acreedores hipotecarios entran en dinámicas de especulación. Cada comunidad exhibe una necesidad local de viviendas que responde en cierto grado a varios factores socioeconómicos, políticos, etc. representativos de dicha comunidad. Quienes se sirven de procesos de especulación identifican y aprovechan estas demandas locales por vivienda para invertir en la compraventa de casas en esas comunidades, lo que sube desproporcionada y artificialmente el costo de propiedades. Además de aumentar la inequidad en el acceso a vivienda digna y empobrecer todavía más a poblaciones ya marginadas, la especulación en el mercado de vivienda tiende a dar paso a un desplome del valor de las propiedades, dejando a las personas deudoras con un préstamo costosísimo sobre una casa devaluada.

Otra característica de la mercantilización de la vivienda es la financiarización de todo el ecosistema hipotecario. Desde las ofertas de “productos” hipotecarios, las leyes, los procesos judiciales, etc., todo se ha “re-formado” para facilitar la acumulación, manejo y traspaso de viviendas con el fin de exponencial el retorno de la ganancia. Miles de préstamos hipotecarios son vendidos en conjunto, formando “mortgage-backed securities”, para que así actúen más eficientemente como un mejor producto de inversión. En fin, más que hogares donde habitan cientos de miles de familias, estas entidades intercambian estas propiedades como lo hacen con acciones y bonos financieros.

La experiencia de Ana y Mario atestiguan que, sin las debidas protecciones, quienes habitan las viviendas hipotecadas carecen de los mecanismos adecuados para defender su derecho a permanecer en el hogar que con tantos sacrificios han formado. En el presente año, tan sólo el Banco Popular, Oriental Bank y Firstbank son responsables de al menos 975 de las 1, 627 demandas presentadas hasta octubre por ejecución de hipotecas. A junio de 2021 en nuestro país 1,711 viviendas habían sido apropiadas por entidades hipotecarias. Es urgente que se implemente una política pública que priorice la vivienda como un derecho fundamental. No podemos esperar a que la banca se autoregule. Eso no pasará. Proteger el acceso a una vivienda digna requiere que el Gobierno no sólo reconozca la crisis hipotecaria existente, sino también que identifique y asigne los recursos y estrategias necesarias para salvaguardar el derecho al techo. Esta es su responsabilidad. 

Como parte de los esfuerzos de abogacía que Ayuda Legal Puerto Rico ha realizado hemos sostenido reuniones con la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) para identificar nuevas estrategias que atiendan adecuadamente la crisis hipotecaria. De forma similar hemos exhortado a gran cantidad de entidades hipotecarias que respondan a su responsabilidad social corporativa. También hemos brindado conversatorios sobre la crisis hipotecaria, así como talleres dirigidos a las personas afectadas de la crisis sobre sus derechos y sobre algunos patrones nocivos en el manejo de préstamos hipotecarios.

Con el fin de accionar una política pública a favor de la vivienda digna:

• Exigimos a la banca y entidades hipotecarias la adopción de buenas prácticas en el manejo de préstamos hipotecarios
• Requerimos al gobierno el fortalecer las entidades y procesos dedicados a la fiscalización de la industria hipotecaria
• Establecer medidas de protección contra desalojos y ejecuciones de hipotecas durante desastres
• Distribuir a través de agencias gubernamentales relacionadas un directorio de proveedores de servicios enfocados en la defensa del derecho a la vivienda
• Solicitamos la gestión de un censo sobre la situación de las viviendas hipotecadas, con el fin de identificar de forma aún más precisa otras estrategias para atender la crisis