Los fondos de recuperación de cara a una nueva administración
El uso de los fondos de recuperación pos desastres ha sido un tema prominente en la presente contienda electoral. Todas las personas candidatas han apuntado a que la inmensa mayoría de los fondos no se ha utilizado, tanto para resaltar las deficiencias en el manejo actual como para sostener la posibilidad de un mejor uso de salir victoriosa en la contienda electoral. Son muchas las críticas que se pueden hacer al manejo de los fondos hasta ahora. Independientemente de la que resulte ser la candidatura electa, habrá un cambio en la administración de los fondos. Sin embargo, la oportunidad para modificar el curso actual amerita una discusión más cuidadosa que reconozca tanto las limitaciones que representan las estructuras ya establecidas y las obligaciones contraídas como el espacio de acción para los próximos años.
Los fondos CDBG-DR asignados para la recuperación por los huracanes Irma y María superan los $10,000 millones. Estos fondos empezaron a autorizarse, por partes, tan temprano como en 2018 pero su uso ha sido lento. Para septiembre de 2024, se habían desembolsado1 En este utilizamos el término desembolsado o utilizado para referirnos a los fondos que han sido retirados (drawn) del fondo federal y utilizados (expended) según surgen de las publicaciones oficiales de HUD y el Departamento de la Vivienda. En cambio, los fondos para los que ya hay una responsabilidad de usar de cierta manera, como un contrato, se consideran obligados. cerca del 29% de los fondos asignados al Departamento de la Vivienda. Sin embargo, si vemos los programas específicos podemos observar una alta variabilidad entre programas. Por ejemplo, para junio de 2024 cerca del 47% de los fondos del presupuesto de R3 había sido desembolsado. En cambio, ya el 96% de los fondos del Programa de Asistencia de Alquiler, que brinda asistencia a residentes de égidas, habían sido gastados. Los fondos CDBG-DR para Irma y María se deben usar antes del 31 de diciembre de 2029, a menos que HUD vuelva a extender la fecha límite.
El Departamento es un "slow spender"
Otros fondos, están más atrasados. A junio de 2024, el Departamento había utilizado solo el 1.2% de los $8,285 millones asignados en fondos CDBG-MIT, con cerca del 30% de los fondos obligados. En su informe de desembolsos de septiembre de 2024, HUD indicó que el uso de estos fondos dirigidos a medidas de mitigación de riesgo y para los cuales se firmó un acuerdo de subvención en 2021, es más lento de lo esperado. Es decir, el Departamento es un slow spender. De hecho, el Departamento ha desembolsado $1,500 millones menos de lo esperado. Entre los programas particulares, los programas de agua y energía (CEWRI) son los que reflejan mayor uso de los fondos. Mientras que el uso de fondos para los programas de infraestructura y vivienda unifamiliar, por ejemplo, están por debajo del 1%. La fecha límite para completar los procesos CDBG-MIT es en mayo de 2033, aunque podría ser extendida.
El uso de fondos CDBG-DR para el sistema eléctrico también se encuentra rezagado. Recordemos que solo hay dos programas para el sistema eléctrico: uno que brindará fondos de pareo para otros proyectos y el otro para nuevos proyectos de generación de energía. Según el informe de gastos de HUD, para el primero de septiembre el Departamento solo había desembolsado $3 millones de esta asignación, la cual asciende a $1,900 millones de dólares. A marzo 2024, sólo el 26% de los fondos había sido obligado. Si bien HUD considera que el ritmo de uso de los fondos se acerca a lo esperado hasta el momento, el Departamento ha solicitado a HUD extender el periodo para usar los fondos por 5 años, de agosto 2028 a mayo 2033.
En cuanto a los fondos asignados por FEMA, podemos resaltar que hasta el momento se han asignado cerca de $3,000 millones del programa de mitigación de riesgos. De estos, el 15% de los fondos ha sido obligado y el apenas el 3% ha sido desembolsado. Solo en proyectos de energía, de todos los programas de asistencia al gobierno, FEMA ha obligado sobre $13,000 millones de los que se han desembolsado el 26% de los fondos. Vale resaltar que FEMA maneja estos fondos directamente, autorizando los proyectos que propone el Gobierno de Puerto Rico, los municipios y otras entidades.
Ahora bien, que los fondos no hayan sido desembolsados no necesariamente significan que están disponibles. Por ejemplo, en el caso de los fondos CDBG-DR solo el 15% de los fondos no ha sido obligado. Los fondos obligados, aunque no se han utilizado todavía, representan una obligación del Departamento. El dinero obligado podría redistribuirse, pero eso dependerá de las condiciones y el estado de los acuerdos bajo los cuales se obligó el dinero. Por ejemplo, en el caso de R3, sobre el 80% de los fondos han sido obligados. Este programa desembolsa a las constructoras que habilitan según van trabajando las viviendas participantes, por lo que las compañías ya han hecho todo o parte de la labor contratada antes de que se desembolse el pago. Esto limita la capacidad de redistribuir esos fondos.
Existe un riesgo latente que estos fondos no se puedan utilizar dentro del término establecido
A siete años del paso de los huracanes Irma y María, poco se ha utilizado para adelantar las obras - particularmente de infraestructura - necesarias para enfrentar futuros eventos que pudieran causar un desastre. Existe un riesgo latente que estos fondos no se puedan utilizar dentro del término establecido, lo cual puede provocar que tengan que devolverse al gobierno federal.
Ahora bien, también hay oportunidad. Los planes pueden enmendarse. Las barreras que han impedido que las personas accedan a una nueva vivienda que no responden a las normas federales pueden ser eliminadas o por lo menos modificadas. Parte de los fondos aún pueden ser redistribuidos a otros programas y proyectos o simplemente utilizarlos de manera más ágil en el próximo cuatrienio. No podemos perder de perspectiva que, indistintamente del resultado de las elecciones, la administración del gobierno y del Departamento cambiarán. Para dar continuidad, es urgente la publicación de un plan de transición comprensivo que vislumbre los retos aquí detallados, así como la atención de poblaciones históricamente vulneradas como adultos mayores y personas incapacitadas durante los años que ha tomado la recuperación. De lo contrario, corren el riesgo de quedar en el aire.