¿Fin de la CFPB, porque lo dice Trump?
Trump desmantela la agencia federal que atiende los derechos de las personas consumidoras. Si tienes préstamos, particularmente hipotecarios, esto es una amenaza clara para tus derechos.
Desde su creación en el 2010, la Oficina para Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) ha tenido entre sus propósitos el fiscalizar la forma en que las entidades financieras ofrecen sus productos y servicios. La agencia surge ante la evidente desproporción de poder entre las personas y las entidades financieras a las que acuden por servicios.
Históricamente, este desbalance ha permitido la explotación y el abuso contra miles de familias a través de prácticas financieras engañosas y abusivas. De ahí la importancia de una agencia que intervenga para prevenir este tipo de violencia financiera. Hoy todo parece indicar que, luego de 14 años de existencia, la CFPB y las protecciones asociadas a ésta, pudieran llegar a su fin.
El lunes, 3 de febrero de 2025, Scott Bessent el director en funciones de la CFPB para esa fecha comunicó a través de un correo electrónico al personal de la agencia que no se presentaran a trabajar. El mensaje también instruía a no realizar tareas relacionadas a la agencia. Posteriormente, Russel Vought quien ahora funge dicho rol y quien también dirige la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal, notificó a través de X que no estaría retirando más fondos de la Reserva Federal para el funcionamiento de la agencia.
El cierre de la CFPB representa una amenaza sin precedentes contra las víctimas potenciales de las prácticas fraudulentas de entidades financieras. En diciembre de 2024, la CFPB reportó $5 billones en penalidades civiles impuestas por la agencia contra entidades e individuos que violaron la ley. Este dinero, a su vez, es depositado en un fondo de beneficio para víctimas afectadas por los incumplimientos de entidades financieras. Sólo en Puerto Rico, y aún con las barreras idiomáticas que Ayuda Legal Puerto Rico ha señalado contra el proceso de querellas ante CFPB, entre 2011 y lo que va del 2025 se habían reportado 23,697 querellas. De estas, 18,610 estaban relacionadas a reportes de crédito, 1,154 a cobro de deudas y 878 a préstamos hipotecarios.
La falta de fiscalización adecuada ha sido un reclamo levantado insistentemente desde Ayuda Legal Puerto Rico, particularmente en la protección de las viviendas afectadas por algún instrumento financiero. Los recursos asignados, tanto por el gobierno federal como el local, no han sido suficientes para garantizar las protecciones adecuadas en favor del derecho a una vivienda digna. Y mientras las pasadas administraciones incumplieron las promesas que hicieron a favor de las víctimas de la crisis hipotecaria, la nueva administración cumple con las amenazas de violentar todavía más el derecho a un hogar. El desmantelar uno de los pocos foros administrativos que atiende la crisis financiera que amenaza cientos de miles de hogares no se da por accidente, sino por diseño.
El mismo proceso atropellado y contrario a derecho de parte de la administración de Trump para paralizar la CFPB ejemplifica aún más la grave amenaza contra los derechos de la ciudadanía. La CFPB existe por mandato y legislación del Congreso, en específico la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank (conocida como Ley Dodd-Frank), y solo el Congreso tiene la autoridad para enmendar, ampliar o derogar dicha ley. Cualquier intento de desvirtuar los propósitos de la mencionada ley son ilegales e inconstitucionales. Es decir, una acción presidencial NO puede hacer desaparecer una agencia, ni su obligación de velar por estas leyes y mucho menos las leyes mismas. De igual manera, el Director de una agencia no puede actuar en detrimento de la misma. Tampoco puede ignorar las obligaciones legales que tiene para con la agencia y desvirtuar su propósito. Las actuaciones de Vaught van dirigidas a desmantelar la agencia que por ley está obligado a proteger. Estas actuaciones ilegales han sido retadas en corte y han sido suspendidas por el momento1 Estaremos actualizando esta nota con las actualizaciones de los casos..
Desde Ayuda Legal Puerto Rico exigimos se garantice el pleno funcionamiento de las agencias responsables de proteger a la ciudadanía contra prácticas financieras predatorias. Las entidades financieras son incapaces de fiscalizarse a sí mismas, y en vez de facilitar el incumplimiento de las correspondientes leyes, urge el fomentar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de éstas. Finalmente reclamamos a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que, ante el riesgo real del cierre de la CFPB, identifique y solicite los recursos necesarios para atender las querellas presentadas a nivel local contra entidades financieras que afecten los derechos de consumidores. Ante el vacío que representa la desaparición de la CFPB, la OCIF debe fortalecer, no sólo su responsabilidad fiscalizadora, sino también su rol de educar a las personas de sus derechos.