La medición neta y las transiciones justas
Ante el avance del cambio climático, hay urgencia en cambiar la producción de energía por fuentes menos contaminantes y más resilientes. La generación de energía mediante paneles solares en techos es pieza fundamental para una transición energética justa para el ambiente, las comunidades y las trabajadoras. Esto no está en debate. Las comunidades, las organizaciones, la academia y hasta el gobierno coinciden en este punto. Claro está, el éxito de esta estrategia depende de los mecanismos que se establezcan para fomentar y alcanzar la transformación.
La medición neta es uno de estos mecanismos. Establecida en desde 2007, la medición neta pretende fomentar que más personas instalen sistemas de generación solar en sus propiedades estableciendo que éstas no pagarán a la AEE por consumir la energía que producen y que la agencia les comprará la energía produzcan en exceso. Esto convierte a la persona que vive en una casa con un sistema solar, a la misma vez, en consumidora y productora de energía. Así por ejemplo, imaginemos una casa en la que el sistema solar produce 550 kWh mensuales, pero en la vivienda se consumen 500 kWh cada mes. Esos 50 kWh se distribuyen a otros usos a través del sistema de transmisión y distribución de la AEE. Esa persona no paga por el consumo de energía porque ella produjo toda la energía que necesitaba. Además, al final del año fiscal, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le paga una porción de esos 50 kWh mensuales que produjo en exceso. Esto es a lo que nos referimos con medición neta.
En 2019, se enmendó la ley para establecer que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debía revisar este mecanismo de medición neta luego de hacer un estudio sobre el impacto que este programa. Este estudio debía hacerse en o antes de abril de 2024. La ley 10-2024, retrasó este estudio hasta 2030. Esta es la controversia.
La enmienda provoca reacciones diversas. Algunos grupos, como las asociaciones de los instaladores de placas y defensores de consumidores y de la energía renovable, se han expresado a favor de la medida como una defensa de la medición neta como estrategia para mantener el crecimiento de la energía solar en techos. Otros reclaman que es necesario que se realice un estudio que permita reevaluar la medición neta a la luz de su impacto en el sistema y la realidad actual, lo que en principio podría alterar o incluso eliminar la medición neta. También se ha señalado que algunas de las voces en ambos grupos están comprometidas porque tienen intereses económicos en la generación centralizada, como la generación con gas natural, aquellos que se enriquecen con la instalación privada de paneles solares, o en el caso de la Junta, por su interés de asegurar la fuente de repago de la deuda. Estos intereses enturbian las aguas para un tema que es de fondo un asunto de derechos humanos, y que puede sentar pautas para el futuro del País.
La medición neta, más de quince años después, ahora se da en un contexto que no podía ser previsto cuando se aprobó la ley. El proceso de generación de energía ha sufrido grandes cambios desde 2007. La crisis de la deuda pública junto a aprobación de PROMESA y la creación de la Junta de Control Fiscal, la privatización de la generación y transmisión de energía con GeneraPR y LUMA en lugar de AEE, el deterioro de la infraestructura eléctrica, y el aumento en el costo de la energía han empeorado las condiciones en las que producimos y consumimos energía. Además, la instalación de sistemas solares ha crecido significativamente en tiempos recientes. Quizás movidos por intereses ambientales, económicos, frustraciones con el sistema centralizado, la disponibilidad de ayudas gubernamentales para adquirir sistemas solares, o una combinación de estos, sobre 100,000 viviendas en Puerto Rico ya tienen sistemas solares en techos, más del doble de los 40,000 que se estimaban en 2022. Incluso cuando no todos los sistemas cubren la totalidad de la demanda energética de cada hogar, actualmente hay más gente produciendo y consumiendo energía menos contaminante que en 2007, pero fuera del sistema público centralizado. Una cantidad significativa, y que LUMA ahora reclama podría podría causar problemas de voltaje a través de la red a causa de la falta capacidad de las líneas.
La salida sin planificación del sistema centralizado, de manera individual y sin planificación para atender su impacto desde el ente central, deja a muchas personas atrás. No todas las personas tienen la posibilidad de instalar paneles solares en sus viviendas. Para las residentes de condominios, inquilinas cuyas caseras no autorizan la instalación, personas en viviendas estructuralmente débiles, entre otras, los paneles no son una opción hoy. Y sobre ellas recaerá la carga de costear la infraestructura centralizada y si nada cambia, financiar el pago de una deuda insostenible.
Esta coyuntura refleja el problema de la insistencia en apostar por soluciones individuales para problemas colectivos. No podemos dejar pasar por alto el rol de los fondos de recuperación aquí. Con estos fondos - tanto CDBG y del Departamento de Energía - se crearon programas para subsidiar la instalación de sistemas solares en techos de manera individualizada, como muy pocas excepciones, sin atención a las necesidades más amplias. Esto bien podría adelantar la resiliencia energética, particularmente en comunidades remotas o de difícil acceso. Incluso hemos aplaudido los programas que priorizan el acceso de personas de muy escasos recursos económicos. Sin embargo, como también hemos dicho antes, los fondos destinados para energía se han quedado lejos de adelantar la transformación del sistema de generación, distribución y transmisión de energía. La debacle del sistema público junto a la disponibilidad de fondos individuales han servido para enriquecer a un puñado de empresas privadas, cuando bien la AEE pudo estar al frente del proceso, posibilitando un cambio planificado y equitativo. Como tantas otras veces, con la energía privatizamos los beneficios y nos quedamos con los problemas. Queremos energía solar, sí. Pero también queremos que sea accesible y pública. La crisis energética es un asunto de todas.