Justicia Económica para las mujeres: vamos por más
Sabemos ganar. Lo logramos.
El pasado 28 de julio de 2023, la Ley Num 74 de 2023 entró en vigor para incluir expresamente la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica al amparo de la Ley Núm 54 de 1989. La enmienda expresamente autoriza remedios específicos para que las sobrevivientes puedan defender su seguridad habitacional y su estabilidad económica. Su aprobación, presentada y promovida por Ayuda Legal Puerto Rico, es un gran logro que celebramos junto a las mujeres del país y decenas de organizaciones aliadas.
Ahora vamos por más.
Nuestra experiencia con las cientos de mujeres a quienes hemos acompañado en sus procesos de solicitudes de ayudas posdesastre, solicitudes de acomodos razonables en sus empleos, ejecuciones de hipoteca y desahucios advierte que hace falta más que una enmienda a la Ley 54 para alcanzar la justicia económica de las mujeres.
De hecho, la reciente visita de Ada Colau, la ex-alcaldesa de Barcelona, sirvió para conocer ejemplos concretos de cómo una gobernanza feminista y con perspectiva de género- que ponga a las necesidades humanas como el centro de todo- propende a más y mejores políticas públicas que impactan a toda la población, como lo es la regulación de los alquileres a corto plazo o la creación de espacios públicos para la comunidad.
En Puerto Rico, son urgentes las mejores políticas públicas con perspectiva de género encaminadas a garantizar la justicia económica de las mujeres que tomen en cuenta su derecho a vivir en paz y desarrollarse económicamente, libres de discrimen en sus trabajos y en el acceso a la vivienda. En el caso de las sobrevivientes de violencia económica exigimos que las instituciones públicas y privadas reconozcan su responsabilidad y no se desentienden de sus necesidades.
Exigimos al Gobierno:
- Políticas públicas locales que prohíban el discrimen por razón de sexo y género en temas de vivienda, especialmente en los arrendamientos y las hipotecas. Esto incluye la acción para erradicar el discrimen en su modalidad de violencia psicológica, física, sexual y económica de las mujeres que buscan o desean permanecer en sus viviendas. Estas políticas deben ser claras en su aplicabilidad a todas las mujeres, indistintamente de su raza, color, religión, edad, salud, estatus marital, estatus como sobreviviente de violencia doméstica o migratorio, y deben ser oponibles al estado y terceros. La educación debe ser piedra angular de todos los esfuerzos.
- Corresponde la responsabilidad al Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia y a las Procuradurías de la Mujer y de las Personas de Edad Avanzada, entre otras, adoptar los marcos protectores del acceso y disfrute equitativo de la vivienda.
Exigimos a los Tribunales:
- Más y mejores herramientas para que la violencia económica sea atendida y reconocida de forma transversal. Esto significa atender cómo en pleitos de relaciones de familia, distribución de bienes y vivienda, entre otros, incide la violencia económica motivada por razón de género. Los tribunales no pueden ser un espacio para legitimar que elementos como la custodia de hijas e hijos, las divisiones de bienes comunes y el techo se utilicen para violentar a las mujeres.
- Corresponde la responsabilidad al Poder Judicial, en relación a su deber ministerial de adiestrar al personal de la Rama Judicial sobre la violencia económica, en particular a personas examinadoras de pensiones alimentarias, mediadoras, jueces y juezas.
Exigimos a personas y entidades privadas:
- Adoptar medidas afirmativas para identificar, prevenir y actuar contra la violencia económica. Esto incluye atender cómo políticas internas y externas discriminan contra las mujeres, en relación a su estabilidad laboral, sus oportunidades de desarrollo económico y profesional, así como de seguridad habitacional y control de sus recursos.
- Corresponde la responsabilidad a las entidades patronos, así como a aquellas que ofrecen servicios al público, en particular cuando se trata de aquellos que afectan derechos esenciales. Entre estos, reiteramos el llamado a que las instituciones financieras que trabajan préstamos hipotecarios asuman su responsabilidad afirmativa en la erradicación de la violencia económica. Llamamos nuevamente a la adopción por parte de las instituciones financieras del protocolo para atender la violencia doméstica en el manejo de procesos hipotecarios.
El reconocimiento de la violencia económica allana la ruta para la equidad. La justicia económcia de las mujeres es la paz, la seguridad de nuestros cuerpos y nuestras posibildiades de desarrollo, la justicia y el disfrute de nuestros techos en condiciones de dignidad y seguridad. Cuando decimos vamos por más, es porque caminiamos hacia un Puerto Rico donde podamos permanecer porque existen las condiciones de vida que soñamos y merecemos. A quienes leen y siguen el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico, junto al de otras organizaciones hermanas, que se sumen al llamado a rendir cuentas y fiscalizar. La violencia de género la erradicaremos de raíz y para luchar contra los desplazamientos, nos corresponde centrar esfuerzos alrededor de la violencia económica. Somos nosotras y sabemos ganar.