Sabemos ganar: ¡Ya es ley! Puerto Rico reconoce la violencia económica como modalidad de violencia doméstica
Desde Ayuda Legal Puerto Rico celebramos la aprobación de la Ley Núm 74 del 2023, que enmienda la Ley 54, a los fines de reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica. Esta pieza fue redactada e impulsada por Ayuda Legal Puerto Rico y contó con el apoyo esencial de organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la erradicación de la violencia doméstica.
No tomamos a la ligera el proceso de enmienda de una ley tan fundamental como la Ley 54. Integrar lenguaje y protecciones contra la violencia económica es una medida estratégica, asumida luego de décadas de trabajo en favor de la protección y empoderamiento de personas sobrevivientes de violencia doméstica. La violencia doméstica impacta la estabilidad financiera, laboral y de vivienda. Es deber del Estado establecer los mecanismos y remedios que necesita quien sufre de esta conducta.
¿Qué es violencia económica?
La violencia económica es aquella conducta que busca menoscabar la capacidad financiera futura o presente de una persona sobreviviente de violencia doméstica. Esto incluye aquellos actos que afectan el acceso a cuentas, el uso de recursos económicos, la estabilidad laboral, las decisiones financieras, así como que amenazan la seguridad en la vivienda. La violencia económica incluye acciones como mantener el control exclusivo de las cuentas, dejar de pagar la renta como un castigo, esconder información sobre lo que se adeuda de una hipoteca o sobre la existencia de un proceso de ejecución de hipoteca, esconder o retener las tarjetas de crédito o de asistencia que son propiedad de ambos o de la peticionaria, interferir con el empleo, entre otras.
¿Cómo la nueva legislación protege a las sobrevivientes?
Esta legislación tiene un impacto directo en las órdenes de protección que tiene a su haber una persona sobreviviente, brindando a los tribunales medidas específicas para proteger a la sobreviviente. Entre otros remedios, incluye la capacidad de un Tribunal de ordenar a una parte agresora a continuar los pagos de la renta o hipoteca, abstenerse de utilizar o privar a la sobreviviente de acceso a sus recursos económicos, así como exigir que se comparta toda información relacionada a cuentas o recursos económicos en los que pueda tener interés la sobreviviente o sus dependientes.
Es importante aclarar que la violencia económica no es una modalidad menos seria de violencia doméstica. Se reconoce con las mismas protecciones y garantías que la física, emocional, psicológica y sexual. Ahora toca a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Poder Judicial y demás agencias educar y velar por su implementación efectiva.
En su proceso de enmiendas, esta legislación se modificó para eliminar el requisito de un patrón de violencia para que se constituya la violencia doméstica en cualquiera de sus modalidades a fin de atemperarla a las enmiendas más recientes a la Ley 54
¿Cuáles son los próximos pasos?
Primero, estamos dispuestas a educar y acompañar. Estaremos trabajando series de talleres, así como contenidos educativos que se están publicando en ayudalegalpr.org inmediatamente. Así también, las líneas de Ayuda Legal Puerto Rico están abiertas para ofrecer acompañamiento legal gratuito en casos de violencia económica cuando las personas sobrevivientes ven en riesgo la seguridad de sus viviendas. El teléfono a llamar es 787-957-3106. También pueden conectarse a ayudalegalpr.org y utilizar el chat de apoyo legal en vivo entre 9am y 5pm de lunes a viernes.
Segundo, vamos por más. El reconocimiento de la violencia doméstica posiciona a Puerto Rico como una jurisdicción de avanzada en el reconocimiento del derecho a la justicia económica de las personas sobrevivientes de violencia doméstica. Ahora, corresponde exigir responsabilidad al gobierno para que la implemente adecuadamente. Esto incluye a la Policía, al Poder Judicial y a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, entre otras agencias. Además, y en relación a la vivienda, incluye el llamado a las agencias a cargo de programas de vivienda tales como el Departamento de la Vivienda, a caseros e instituciones financieras de fortalecer su compromiso con la erradicación de la violencia doméstica. Necesitamos protocolos y procesos que protejan a las sobrevivientes de revictimización y que garanticen su seguridad en la vivienda. Esta es nuestra ruta y estamos convencidas de que lo lograremos. La justicia económica es esencial para erradicar la violencia de género.
ENGLISH
We celebrate the approval of Puerto Rico Law No. 74 of 2023, which amends Law No. 54, to recognize economic violence as a form of domestic violence. Ayuda Legal Puerto Rico wrote and promoted this bill and had the essential support of women's and human rights organizations committed to eradicating domestic violence.
Amending a law as fundamental as Law No. 54 is something we do not take lightly. Integrating language and protections against economic violence is a strategic measure, assumed after decades of work in favor of the protection and empowerment of survivors of domestic violence. Domestic violence impacts financial, employment, and housing stability. The State must establish the mechanisms and remedies needed by those who suffer from this conduct.
What is economic violence?
Economic violence is a conduct that seeks to undermine the future or present financial capacity of a survivor of domestic violence. This includes actions that affect survivor's : access to their banking accounts, their economic resources, that affect their job stability, their financial decisions, and those that threaten their home security. Economic violence includes maintaining sole control of the survivor's accounts and funds, not paying rent as a punishment, hiding information about what is owed on a mortgage or the mortgage loan process, concealing or withholding credit cards, and interfering with survivor's employment, among others.
How does this legislation protect survivors?
This legislation has a direct impact on the protection orders for a survivor, giving the courts discreet measures to address economic violence. Among other remedies, it includes the ability of a court to order an abusive party to continue making rent or mortgage payments, refrain from using or depriving the survivor of access to their financial resources, and require sharing all related information of those accounts or economic resources in which the survivor or her dependents may have an interest.
It is essential to clarify that economic violence is not a less severe form of domestic violence. It is recognized with the same protections and guarantees as physical, emotional, psychological, and sexual violence. Now it is up to the office of the Women's Advocate Office, the Judiciary, and other agencies to educate and ensure its effective implementation.
In its process of amendments, this legislation was modified to eliminate the requirement of a pattern of violence to constitute domestic violence in any of its modalities, as to adapt it to very recent amendments to Law No. 54.
What are the next steps?
First, we are willing to educate and accompany. We will be working on a series of workshops and educational content that will be published on ayudalegalpr.org immediately. Likewise, Ayuda Legal Puerto Rico's lines are open to offer free legal support in cases of economic violence when the survivors see the safety of their homes at risk. The telephone number to call is 787-957-3106. You may also connect to ayudalegalpr.org and talk with us via or live legal support chat between 9 am and 5 pm Monday through Friday.
Second, we want more. Recognizing economic violence positions Puerto Rico as a leader in recognizing the right to economic justice for domestic violence survivors. Now, we demand the government's adequate implementation of this law. This is a call to the Police, the Judiciary, and the Women's Advocate Office, among other agencies. In addition, and in relation to housing, it is a call to agencies in charge of housing programs, such as the Department of Housing, as well as landlords, and financial institutions, to strengthen their commitment to eradicate domestic violence. We need protocols and processes that protect survivors from re-victimization and ensure their right to housing. Economic justice is essential to eradicate gender violence.