El monstruo al que se enfrentan las familias de vivienda pública
Desde el 2020 hasta la actualidad se han presentado más de 3,000 demandas de desahucio por impago, de las cuales 833 fueron de vivienda pública. Durante solamente el 2022, se presentaron sobre 2,000 demandas, de estas 713 fueron de vivienda pública. Esto demuestra un incremento radical en demandas de desahucio por impago en el 2022. En ese momento las moratorias de desahucios otorgadas debido a la pandemia ya habían cesado, no obstante, la pandemia continuaba con todos los efectos económicos negativos que esta trae y que afectan de manera desigual a comunidades y grupos particulares, entre ellos, las personas residentes de vivienda pública.
Según información suministrada por la Administración de Vivienda Pública (AVP), más de 53,000 familias participan del programa de vivienda pública en Puerto Rico y 16,065 están en lista de espera. Estas 53,000 familias se enfrentan diariamente a barreras de acceso a la justicia que le impiden acercarse a su derecho de contar con un techo y un alquiler digno. Esto se refleja cuando las agencias administradoras se niegan a orientarle sobre sus derechos como residentes de vivienda pública y a brindarle copia del Reglamento sobre las Políticas de Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales Públicos de Puerto Rico, a lo que tienen derecho.
Privar a las personas residentes de vivienda pública de conocer sus derechos es una violación a las normas locales y federales. Más aún, es un obstáculo real para el ejercicio de derechos. La AVP y las compañías privadas en las que delega sus responsabilidades tienen el deber de ofrecer trato justo, adecuado y cónsono, lo que incluye el acceso a los reglamentos y orientación sobre lo mismo.
Nos ocupa que mantener a las familias residentes de vivienda pública enajenadas de sus derechos sea la manera más efectiva del Gobierno y los contratantes de mantener una desigualdad de poder radical. Sin la información necesaria las familias no pueden querellarse adecuadamente, solicitar vistas en procesos de desahucio que cada vez son más atropellados, exigir protecciones contra el discrimen o reportar condiciones inseguras en la vivienda por hongos, entre otros. Como consecuencia, vemos denegaciones de asistencias, amenazas de desalojos arbitrarios y otros abusos. Sin herramientas de acceso a la justicia, las familias quedan desprotegidas ante este monstruo que amenaza su techo seguro.
Tengamos en cuenta que en el 100% de los casos de desahucio por impago de vivienda pública, presentados durante el 2022, AVP o la agencia administradora, contó con representación legal. En contraste, el 99% de las personas demandadas no tuvieron representación. Sin duda alguna, es a un gigante muy poderoso al que deben enfrentarse las inquilinas en los procesos de desahucio. Conocer sus derechos las colocaría en una posición mucho más poderosa para defenderlos. Por eso, reclamamos constantemente que AVP requiera a las agencias administradoras colocar la información de contacto de las inquilinas en la demanda, para que organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales gratuitos puedan contactarlas para proveerles orientación y apoyo legal para enfrentar el proceso en mejor posición.
Es momento de que la Administración de Vivienda Pública asuma su obligación de garantizar los derechos de las personas residentes de vivienda pública y procure y fiscalice a las agencias administradoras para que así lo hagan. La entrega del Reglamento, así como las orientaciones sobre derechos son un paso inicial en este proceso.