Fiscalizadores fiscalizados
Hoy, a través de un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, el país se entera de que “la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) perdió el pasado mes de septiembre su acreditación con el Conference of State Bank Supervisors (CSBS)”. La CSBS vigila los procedimientos y operaciones de las agencias estatales que regulan las instituciones bancarias en Estados Unidos. En un País donde la falta de compromiso en el rendimiento de cuentas y la transparencia es eje central de la política pública, una noticia como esta no puede tomarse a la ligera.
La OCIF, tal como establece la Ley 4 de 1985, es la agencia gubernamental responsable de fiscalizar y supervisar a las instituciones financieras que operen en Puerto Rico. Entre sus encomiendas está el hacer valer la Ley de Banco de Puerto Rico y la Ley de Instituciones Hipotecarias. El rol de fiscalización de la OCIF incluye atender, investigar y resolver las querellas; imponer multas administrativas por las violaciones a las leyes que administra; realizar toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten a cualquier rama de la industria bancaria y requerir el cumplimiento de exámenes a las entidades financieras.
Por medio de estos exámenes, la OCIF investiga las condiciones y recursos del banco, el modo de conducir y manejar sus asuntos, la acción de sus directores, la inversión de sus fondos, la seguridad y la prudencia de su administración. Los exámenes también permiten evaluar las garantías que haya dado el banco para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y si la ley han sido cumplidas en la administración de sus asuntos.
Según reconoce la misma OCIF, fueron deficiencias en su programa de exámenes a las instituciones financieras las que provocaron la pérdida de la acreditación ante la CSBS. La reducción severa del presupuesto, la falta de personal debidamente adiestrado, la disminución de su programa de educación financiera, demuestran la falta de voluntad del gobierno en destinar los recursos necesarios para fortalecer la agencia que debe velar a las entidades financieras e hipotecarias. La CSBS recomendó, como parte de su auditoría a la OCIF, que debía aumentar la cantidad de examinadores y mejorar sus condiciones salariales y oportunidades de entrenamiento.
Desde 2020, Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exige a la OCIF que reconozca y ejerza su rol fiscalizador, en particular ante la crisis hipotecaria que experimenta el país. ALPR incluso solicitó la realización de exámenes a las instituciones financieras, dirigidos a evaluar el manejo adecuado de los procesos de mitigación de pérdidas en préstamos hipotecarios. También se le requirió que fuera más vocal en exigirle al gobierno la asignación de más fondos y recursos a esos fines.
Muchas veces OCIF se ha amparado en que los exámenes y procesos de fiscalización de la banca son confidenciales. Así excusa tener que liberar información sobre incumplimientos. Esto no es aceptable, menos aún cuando los últimos meses han estado plagados de serios señalamientos a bancos.
La fiscalización a medias, el poco personal para atender querellas, el manejo deficiente de los procesos de examinación, entre otras fallas, redundan en violaciones de derechos a consumidores, incumplimientos con legislación aplicable y otras prácticas que directamente inciden en la salud financiera de la gente que vive en Puerto Rico. Todo ello propicia un ecosistema de violencia económica contra los hogares y las vidas de miles de familias. Esta agresión sistemática creada e intencionada, afecta de forma desproporcionada a grupos históricamente desaventajados como las personas empobrecidas, adultas mayores, las mujeres y personas racializadas. Exigirle a OCIF rendición de cuentas es medular para alcanzar justicia y equidad.