Gobernador Pedro R. Pierluisi,

Reciba un cordial saludo por parte de Ayuda Legal Puerto Rico, organización que por los pasados cinco años ha liderado la respuesta legal y la abogacía ante desastres en Puerto Rico. Tras el paso del huracán Fiona, estamos acompañando a sobrevivientes en procesos relacionados a la asistencia tras desastres y la protección de un techo seguro. En esta ocasión, le instamos a expresarse y actuar para proteger a las familias afectadas de algunas de las secuelas más temibles de una catástrofe de este tipo: desahucios, ejecuciones hipotecarias y cortes de servicios esenciales.

 

Desde ALPR hemos reiterado que la protección de la vivienda - incluyendo los servicios esenciales - tras una declaración de emergencia es vital para la recuperación comunitaria. En consideración al impacto económico que tienen los desastres en las unidades familiares, es menester frenar eventos que pueden empeorar su situación. Más aún cuando en Puerto Rico apenas hemos logrado restablecer servicios básicos de electricidad y agua. La escasez de diesel, así como el impacto severo de las inundaciones en infraestructura y comunidades alrededor de todo Puerto Rico, son factores agravantes.

 

Establecer una moratoria de lanzamientos relacionados a desahucios o ejecuciones de hipotecas y cortes del servicio de electricidad y agua por un plazo de noventa (90) días es una medida balanceada, justa y necesaria para el proceso de recuperación. De hecho, el gobierno ha tomado medidas similares durante la pandemia por Covid-19 y el desastre asociado al huracán María en 2017.

 

Desde el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, se han presentado 11 demandas de ejecuciones de hipotecas residenciales. El mismo sábado, 17 de septiembre, día oficial del paso del huracán Fiona, se presentaron 6 demandas. Por otra parte, se han presentado un total de 8 demandas de desahucio por falta de pago desde el paso de Fiona. 

 

Estos datos son sumamente preocupantes. Por esa razón es importante que el gobierno tome acciones contundentes para proteger a las familias. Este proyecto es un paso afirmativo por la recuperación justa y la protección de la vivienda digna. 

 

Como de costumbre, estamos en la disposición de reunirnos y atender cualquier pregunta o comentario sobre este asunto. 

 

Agradecemos de antemano su consideración,

 

Lcda. Ariadna Godreau Aubert

Directora Ejecutiva

 

Lcda. Jynamarie Kuilan Santana

Abogada comunitaria

 

Lcda. Verónica Gonzalez Rodríguez

Abogada comunitaria