Exigen Garantías Adecuadas para proteger los derechos de Residentes de vivienda pública demandados en desahucio por impago
De los datos recopilados por Ayuda Legal Puerto Rico, en lo que va del 2022 se han presentado más de 1050 nuevas demandas de desahucio por impago en los tribunales. Cerca del 40% de estos casos son de vivienda pública. Mientras que todas las personas que sufren desahucios por impago experimentan barreras de acceso a la justicia serias, el impacto en quienes viven en residenciales públicos es violento y sustancial.
Cerca del 95% de las familias demandadas en estos casos no cuenta con representación legal cuando es llevada al tribunal. En el caso de los residenciales públicos, estos son representados por compañías que administran, que por ser corporaciones cuentan con abogado siempre. Claramente, estas corporaciones se benefician económicamente de administrar estos residenciales. La desigualdad se acentúa porque, al demandar, las agencias administradoras se niegan a proveer en el recurso el teléfono o información de contacto de la familia demandada. Esto impide que se les ofrezca representación legal gratuita o que se les pueda ofrecer distintos tipos de asistencia, estableciendo un obstáculo adicional en la defensa de sus derechos. No hay razón alguna para que esta información de omita de las demandas. Tampoco es oneroso para las corporaciones.
En junio dirigimos una carta al Administrador de Vivienda Pública, el Lcdo. Alejandro Salgado Colón, trayendo a su atención este hecho y solicitando que le exija a las compañías proveer esta información. Pese a que nos reunimos con su personal temprano en agosto para reiterar esta solicitud, no hemos visto resultados.
Debemos tener en cuenta la seriedad de la situación de vivienda en los residenciales públicos. Según información suministrada por la Administración de Vivienda Pública, en Puerto Rico 53,175 familias participan del programa de vivienda pública y hasta el mes de abril de 2022, habían 16,065 en lista de espera. Más aún ante una crisis en la que los costos de servicios de luz, salud, transportación y alimentos siguen aumentando sustancialmente.
Urge hacer esfuerzos para que las personas residentes de vivienda pública demandadas en desahucio por falta de pago tengan acceso efectivo a apoyo legal por parte de organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos y a información sobre programas que podrían prevenir la pérdida de su techo. Esto es parte de garantizar un proceso justo y equitativo.