La vivienda pública tiene que ser vivienda digna
La semana pasada comenzamos una jornada de talleres en residenciales públicos desde el Residencial Luis Llorens Torres. Allí, residentes se reunieron para conocer sobre su derecho a la vivienda digna en los residenciales públicos. Los reclamos sobre la falta de información accesible sobre sus derechos y los procesos para proteger su vivienda no faltaron.
“¿Cuántas de ustedes tienen una copia del Reglamento 8624 [Reglamento de Admisión y Ocupación de Vivienda Pública]?”. Un silencio profundo inundó el taller.
Con esta pregunta dimos paso a un taller que terminamos ofreciendo a un público representativo de esta comunidad: mujeres, madres jefas de familia, personas con diversidad funcional y personas negras. No es accidental que se limite el acceso a educación legal a estas familias.
La falta de conocimiento de las reglas básicas que rigen los procesos relacionados a la convivencia y permanencia en el residencial es una barrera a la que se suman el incumplimiento craso a los derechos relacionados a re-exámenes, cancelación de contratos, inspección, viviendas que tienen condiciones peligrosas, cómputos de renta, instancias de discrimen y violación de derechos de personas con diversidad funcional, entre otros. La Administración de Vivienda Pública tiene el deber de ofrecer trato justo, adecuado y cónsono con la normativa federal a las familias residentes en vivienda pública. Hacer disponible copias de los reglamentos y orientar a su personal sobre discrimen en la vivienda es un mínimo.
En Ayuda Legal Puerto Rico sabemos que el acceso al conocimiento legal es clave para que las personas puedan defenderse y también transformar sistemas que promueven la desigualdad.
Según nuestros datos, para el año 2021 identificamos que en el programa de vivienda pública se presentaron 41 demandas de desahucio por falta de pago, de las cuales más de la mitad de las personas demandadas son mujeres jefas de familia y una cuarta parte son familias con menores de edad. Ello a pesar de existir una moratoria y posteriormente una asistencia para el pago de rentas cuyo propósito es asegurar que nadie sea lanzado a la calle en medio de un desastre como el Covid-19.
A tan solo tres meses de haber comenzado el 2022, los datos identifican al menos 54 familias amenazadas con perder el techo por demandas de desahucio por falta de pago iniciadas por la Administración de Vivienda Pública. A eso se unen las 15,000 personas que en enero seguían en una lista de espera para lograr conseguir una vivienda pública o el subsidio de Plan 8.
La moratoria que detenía las acciones de desahucio por impago se extinguió y, con el pasar del tiempo, las personas ya están agotando el máximo de la asistencia permitida para pagar la renta y utilidades. Ante esto y la falta de una recuperación justa de cientos de residentes de vivienda pública, la amenaza de perder el techo es palpable. Urge el acceso y conocimiento de los derechos de las personas en residenciales públicos.
Me gustaría que se evalúe ese Reglamento #8624 porque dentro de su contenido solamente se menciona lo que le va a suceder al residente si no lo cumple, pero en ningún lado se menciona que sanción se le implementará a AVP o los Agentes Administradores que abusen de su poder. Tenía entendido que un reglamento es para ambas partes y los reglamentos de AVP solamente están hechos para el residente de los residenciales públicos, inclusive antes aparecía en la 15.2.3 “Errores y Abusos del Programa Causados por el Personal de la AVP en las Políticas de Admisión y Ocupación Continuada y lo eliminaron. ¿Existe un reglamento en AVP que sea para el cumplimiento de los Agentes Administradores?, y si no lo hay por qué no lo han hecho. Existe mucho abuso de los empleados de los Agentes Administradores en Puerto Rico.