La ayuda que nunca llega no es ayuda

La pandemia golpea con violencia extrema a miles de familias en nuestro País. Ese golpe se ve en el contagio real que altera de por vida el núcleo familiar, en los gastos en pruebas, mascarillas y otros artículos de primera necesidad. Ese efecto también se percibe en la imposibilidad de volver al trabajo ante la falta de cuido para hijas e hijos menores. 

Aunque no se habla lo suficiente o casi nada, la pandemia tiene otras consecuencias nefastas, tales como aumentar el riesgo de perder el hogar. Desde la declaración del estado de emergencia por el COVID-19, hasta octubre de 2021, Ayuda Legal Puerto Rico ha identificado 1,900 demandas presentadas para ejecutar casas hipotecadas. El 2020 finalizó con 911 hogares ejecutados y el 2021 ya alcanzaba 2,291 hasta septiembre pasado. Estos datos perturban aún más si se considera que el gobierno local y federal anunciaron medidas para paralizar desahucios y ejecuciones de hipotecas. No obstante, estos números evidencian que miles de casas (la gran mayoría ocupadas con personas resistiendo la pandemia dentro de ellas) fueron expulsadas a la calle.

En estos días, la prensa del país resalta las más de 48,000 propiedades residenciales que han sido ejecutadas en los últimos 13 años, Advierte además de que un alza en los retrasos de hipotecas podría terminar en una “avalancha de ejecuciones”.  En Ayuda Legal Puerto Rico, esta nota no nos toma por sorpresa. Desde hace años, hemos alertado no solo que la crisis de hipotecas es real sino que los desastres y los remedios paliativos creados por el gobierno (moratorias locales y federales) han creado lo que hemos llamado una merma artificial que ha disfrazado los datos reales.  Las instituciones financieras se han aprovechado de esto para invisibilizar la crisis y, mientras reportan ganancias históricas, unen esfuerzos para derrotar medidas de justicia que protegerían a las personas de ejecuciones de hipoteca en tiempos de desastre. 

No basta con la aprobación de medidas de asistencia, si las mismas no se accionan de forma intencional, efectiva y oportuna para el provecho real de quienes más las necesitan. Un lamentable ejemplo de esto es la falta de estrategia y planificación en el uso de los fondos del Programa de Asistencia de Alquiler financiado mediante el programa de Asistencia de Emergencia para Alquiler. Nuestras comunicaciones al Departamento de la Vivienda han advertido de esto.

Ante esto, urge educar sobre el más reciente programa de asistencia por la pandemia: el Programa de Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico (PADHPR). A través del Fondo de Asistencia al Propietario el Departamento del Tesoro asignó al gobierno de Puerto Rico $75,637,542 para atenuar las dificultades financieras asociadas a la pandemia que han causado morosidad, y posible ejecución hipotecaria a los dueños de viviendas. Estos fondos, y el plan de implementación de los mismos, fueron delegados a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFDV).

El plan adoptado por la AFDV reconoce que, con préstamos en atrasos ascendentes a $232 millones, los fondos asignados al PADHPR apenas cubren el 31% de la necesidad. AFDV proyecta que estos fondos podrían beneficiar apenas a unas 5,771 dueñas de hogares. Esto demuestra que, aún logrando cumplir con esta proyección, cerca de 30,000 hogares continuarán en riesgo de una ejecución. El mismo plan también reconoce que estos números no incluyen a más de 34,000 viviendas que se encuentran en con préstamos pasados los 90 días de atrasos, en quiebra o ya ante los tribunales. Y es importante recordar que aún no se ha manifestado plenamente el fin de las moratorias y otras medidas que han creado la merma artificial en muchos más casos de ejecución de hipotecas.

Ante lo expuesto, en Ayuda Legal Puerto Rico reclamamos lo siguiente:

• Requerir a la Autoridad para el Financiamiento a la Vivienda publicar en tiempo real información completa y correcta sobre el uso de los fondos asignados al PADHPR
• Solicitar a la AFDV el desarrollo e implementación de una campaña educativa nacional sobre el PADHPR con especial atención a las poblaciones históricamente marginadas y en riesgo de ejecuciones de hipoteca, como personas adultas mayores y jefas de familia.
• Desarrollar una colaboración entre la AFDV y la Rama Judicial con el fin de orientar a dueñas de hogares demandadas sobre los beneficios del PADHPR
• Exigir a las entidades hipotecarias que se comprometan a adoptar buenas prácticas en el manejo de los préstamos hipotecarios y de esta forma cumplan con su responsabilidad social corporativa