Vivienda pública y lucha antirracista: discrimen y derechos
El propósito del programa de viviendas públicas es facilitar el acceso al techo a las personas que más lo necesitan. Sin embargo, históricamente vemos una disparidad entre quienes logran transicionar del sistema de vivienda pública para convertirse en personas dueñas de una vivienda, y aquellas que se quedan. También vemos una disparidad entre las personas que logran alquilar una vivienda en zonas con mayores oportunidades de trabajo, educación, transporte público, servicios de salud, y aquellas familias que, dado a los altos costos de alquiler, tienen que rentar en lugares donde las oportunidades escasean. Estas disparidades no son neutrales. Impactan particularmente a familias negras y empobrecidas, alimentando un ciclo de desigualdad y violencia que no cesa. Responden a políticas de segregación y racismo en el mercado de viviendas.
No debemos olvidar, después de todo, que este modelo de programa de vivienda pública se creo para ofrecer vivienda a familias blancas clase media, las mismas que luego resultaron beneficiadas por programas de préstamos y ayudas para que obtuvieran viviendas propias permanentes. Estas oportunidades no se ofrecieron - y se ofrecen a menor escala hoy- a familias negras. En el caso de los famosos vouchers de Sección 8, que suponen promover la movilidad e integración de las familias, las personas mayormente negras se ven impactadas por altos costos de rentas que hacen ésto imposible.
Desde Ayuda Legal Puerto Rico reconocemos la experiencia racializada de mujeres empobrecidas en el sistema de vivienda pública. Más allá de lo que dice el censo o estudios particulares, la experiencia acumulada en el trabajo de defensoras de tierra y vivienda que nos preceden y que nos inspiran a continuar nuestro trabajo, nos reitera el impacto dispar de un sistema fundamentalmente racista. No es casualidad que la mayoría de las personas o comunidades que acompañamos en este contexto son visiblemente negras. El gobierno, que las criminaliza y excluye, tiene la responsabilidad primaria de reconocer y atender la forma en que estas políticas afecta a las mujeres negras.
Por ejemplo, existe una necesidad fundamental de levantar una base de datos que correlacione información sobre la vivienda y raza.
Según nuestros datos, desde noviembre del 2020 hasta octubre del 2021, en el programa de vivienda pública se presentaron 104 demandas de desahucio por falta de pago. Muchos de estos desahucios fueron paralizados gracias a los esfuerzos de Ayuda Legal Puerto Rico por detener el desalojo de estas familias mientras atravesamos una crisis mundial de salud. Más de un 60% de estos casos las personas fueron identificadas como mujeres, pero no tenemos datos para saber si estas mujeres son visiblemente negras. No obstante, sabemos que históricamente y por nuestra experiencia acompañando que la población de personas negras es la más afectada. Puesto que el dato no se recoge, para efectos de la rendición de cuentas permanecen invisibles.
Urge adoptar posturas anti-racistas en las políticas de vivienda. Esto requiere rendición de cuentas, fiscalización de las agencias y contratistas del Estado que operan la vivienda pública, con controles de renta y mecanismos efectivos para exigir reparaciones cuando los derechos de estas familias son discriminadas. Reiteramos que esta responsabilidad compartida recae sobre el gobierno. En el contexto de nuestro Puerto RIco, esto incluye tanto al gobierno federal - dueño de los fondos- como al gobierno local - que los administra-.
En Ayuda Legal Puerto Rico estamos comprometidas con la creación de un Puerto Rico donde la vivienda digna, equitativa y antiracista sea una realidad.