Comunicado: Pleito de acceso a información pública revela que el Departamento del Trabajo tenía mayor discreción para proteger a las madres sin cuido de menores durante la pandemia

La organización Ayuda Legal Puerto Rico reveló que, tal como denunció, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) tenía la autoridad para ofrecer seguro por desempleo regular a madres sin cuido de menores que quedaron desplazadas de sus empleos durante la pandemia. Al tiempo, revelan que la agencia, pese a no tener datos adecuados, se propone comenzar acciones de recobro contra miles de personas en Puerto Rico. Así surge de documentos entregados por la agencia como parte de un pleito de acceso a la información incoado por la organización sin fines de lucro. Esta información apunta a una falta de difusión adecuada e incluso negligencia en el manejo de los programas de PUA y desempleo durante la crisis del COVID-19.

 

En relación al primer punto, desde el inicio de la pandemia el DTRH fue confrontado en múltiples ocasiones con la situación de personas a cargo de menores -en su mayoría madres- desplazadas de su trabajo ante el cierre de escuelas y centros de cuido. Como parte de los requerimientos de información pública, ALPR advino en conocimiento del Comunicado Interno (PRSD #8) fechado al 14 de julio del 2020 y preparado por el Negociado de Asuntos Legales del DTRH. En este, se autoriza el pago del beneficio de desempleo regular a una persona con un menor de edad cuyo centro de cuido cerró por el COVID-19. Según dice la comunicación, la autorización era posible siempre y cuando no se hubiera retirado completamente del mercado laboral.

 

"Esto significa que el DTRH podía entrevistar a las personas para conocer si éstas habían evaluado otras alternativas antes de renunciar a sus empleos. Pudo haber considerado, por ejemplo, si la persona solicitó trabajo remoto, ajustar su horario de trabajo o solicitar una licencia. En cambio, se les denegó incorrectamente la asistencia o se les expuso innecesariamente al desbarajuste del PUA", señaló la fundadora y directora ejecutiva de la organización, la licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert.  "La entonces Secretaria del Trabajo y el actual jefe de la agencia, así como sus oficiales, ofrecieron información contradictoria y a todas luces excluyente. Al negarles esta alternativa a las madres, el DTRH tomó determinaciones adversas afectando particularmente a las mujeres trabajadoras de Puerto Rico", señaló Godreau Aubert.  Esta normativa surge de guías federales aprobadas en marzo del 2020.

 

Por otro lado, entre los documentos solicitados por ALPR se encuentra una confirmación en la que se indica que si bien el módulo  de sobre pagos y recobro para Fast PUA no está implementado, se espera que para el 9 de enero del 2022 la programación esté completada y las personas comiencen a recibir cartas de cobro.

 

A esto añadió la licenciada Pamela Bernard Boiques, abogada comunitaria de ALPR, que "[l[a plataforma de recobro está a cargo de Fast Enterprises, LLC, compañía que -junto a EverTec- maneja los datos que son objeto de la acción de mandamus y que, al día de hoy, la agencia parece no poder manejar o entender. Nos preocupa que el número de acciones de recobros varíe, que no se tiene claridad de cuántas personas recibirán cartas o de las razones, sobre todo en un panorama donde seguimos descubriendo que el gobierno pudo haber hecho protocolos y criterios más flexibles y eligió no hacerlo". Al tiempo, la licenciada Bernard Boiques, señaló que, aunque no son claros, los datos entregados por la agencia reflejan 23,824 casos activos de recobro de seguro por desempleo regular que abarcan desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 1 de marzo 2021.

 

Ayuda Legal Puerto Rico denuncia que, mientras se discute el Plan de Ajuste Fiscal y se anuncia una mayor austeridad para Puerto Rico, las consecuencias de desastres siguen sin ser atendidas. "Igual que los toldos azules y las casas destruidas por terremotos, las familias que se vieron destruídas económicamente por la pandemia siguen sin una recuperación justa. No deberíamos tener que invertir recursos en acudir a tribunales a exigir información y justicia que el gobierno viene llamado a ofrecer como parte de su respuesta", finalizó Godreau-Aubert.

 

Entre junio del 2020 y octubre del 2021, Ayuda Legal Puerto Rico atendió más de 1,448 solicitudes de apoyo legal relacionadas a los seguros de desempleo. En su mayoría se trata de madres jefas de familia, personas adultas mayores y de residentes de lugares fuera del área metropolitana. En agosto de este año, ALPR recurrió al Tribunal de San Juan para exigir que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entregue información pública relacionada a la asistencia de desempleo durante la pandemia. Esto tras la falta de respuesta por parte de la agencia a solicitudes de información reiteradas por casi un año para conocer el número de reclamaciones del desempleo y PUA pendientes, los protocolos de cuido, el número de apelaciones y recobros pendientes.

 

La solicitud de mandamus se presentó bajo la Ley para el Acceso a la Información Pública el martes, 24 de agosto. ALPR ha denunciado que el DTRH responde a estas solicitudes de información a cuentagotas, enviando documentos muchas veces ininteligibles, incompletos y hechos a varias manos. Se aguarda por la pronta resolución de los procesos.