De la vigilancia al aviso de impacto: datos recientes de hipotecas

Los números que nos sirven de referencia para medir el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, parecerían indicar que las medidas de seguridad y vacunación comienzan a dar resultado. Lamentablemente los números que miden la crisis hipotecaria no son tan esperanzadores.

Según reporta la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), para julio 2021 1,820 casas habían sido ejecutadas. Este número es prácticamente el doble de las 911 ejecuciones de hipotecas ocurridas al final del 2020. No debe pasar inadvertido que en ambos años, tanto el Poder Judicial como las entidades federales que subvencionan la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, implementaron medidas con la intención de frenar las ejecuciones de hipoteca, lo que ocasionó una merma artificial en las ejecuciones.

Hoy sabemos que para miles de familias puertorriqueñas, estas medidas no fueron suficientes. Sólo en el pasado mes de junio se ejecutaron 686 residencias. Un número mensual así de alto no se veía desde el 2017.

Por otro lado, mientras que Oriental Bank ha tomado el liderazgo en la presentación de demandas por ejecuciones de hipotecas, con 274 entre enero y julio, los últimos reportes de OCIF indican que el Banco Popular de Puerto Rico continúa siendo el banco que más hogares ejecuta, con 942 ejecuciones. 

Este panorama es más inquietante dado el número de personas acogidas a algún tipo de moratoria ha bajado considerablemente. De 104,128 préstamos hipotecarios acogidos a moratorias COVID-19 entre marzo a diciembre 2020, la OCIF reportó sólo 3,126 entre los meses de enero a julio de 2021. 

A estos datos hay que añadir que muchas de las protecciones contra desahucios y lanzamientos se han flexibilizado o han culminado. El plan de reapertura de 4 etapas de la Rama Judicial que mantenía paralizados los procesos de ejecución de hipotecas y desahucios, ya ha llegado a su fase final. La moratoria en procesos de lanzamientos que aplicaba a muchos de los préstamos hipotecarios subsidiados por entidades federales culminó el pasado 31 de julio de 2021. Y para miles de personas con préstamos convencionales, la moratoria en pagos bajo la RC 26-2020 culminó en agosto del año pasado.

El monitoreo que mantenemos de los casos presentados en los tribunales sigue revelando un riesgo desigual contra el derecho al techo de las mujeres. Para el pasado mes de julio, cerca del 73% de las partes demandas en ejecuciones de hipotecas incluían una mujer. El 22.3% de dichas demandas tenían en su parte demandada sólo a mujeres. Reconociendo que el 58.2% de las jefas de familia viven bajo niveles de pobreza, la desproporcionada radicación de demandas contra mujeres es otra expresión de la violencia sistemática hacia esta población.

Es ante este cuadro que insistimos que las entidades hipotecarias se comprometan a adoptrar buenas prácticas en el manejo de los préstamos hipotecarios y respondan a su responsabilidad social. De igual forma reclamamos al gobierno, en especial a las agencias designadas a fiscalizar a la banca, como la OCIF, a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que el derecho al techo de miles de personas en nuestro país sea protegido.