Carta abierta al Secretario del Departamento del Trabajo – Lcdo. Carlos Rivera Santiago
La crisis del COVID-19 no acaba para miles de familias que aún esperan la asistencia a la que tienen derecho. En junio del 2020, Ayuda Legal Puerto Rico y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana nos unimos en un acuerdo colaborativo para ofrecer educación y acompañamiento legal a personas afectadas por la pandemia. Los casos laborales, relacionados a la falta de cuido de menores, desempleo y PUA, fueron los más atendidos. Más de 1,400 familias recibieron apoyo gratuito. Esto es un síntoma de una necesidad apremiante.
Para marzo, se reportaron 77,428 reclamaciones con puntos controvertibles pendientes del PUA y otras 47,997 sobre desempleo regular. El Departamento del Trabajo ha fallado en responder a las solicitudes de acceso a la información, a la urgencia de las madres trabajadoras sin cuido y a las miles de personas que esperan la respuesta a su apelación. Hace dos semanas, enviamos al Secretario un listado de casos pendientes ante la consideración de la agencia. Las historias de estas familias reflejan la realidad de tantas otras que aguardan la respuesta a la que tienen derecho. Se están afectando particularmente personas que viven fuera del área metropolitana, madres sin cuido y adultas mayores. La falta de respuesta a las apelaciones es un problema mayor. Tampoco el Departamento ha ofrecido alternativas para que quienes no tienen acceso a la tecnología soliciten PUA o sometan sus documentos de forma segura y confiable.
Preocupa que los recursos del Departamento se destinen a campañas de fraude que criminalizan a familias trabajadoras, mientras que la gente elegible carece de procesos claros, ágiles y efectivos para recibir la asistencia. Exigimos que el Departamento INMEDIATAMENTE responda las solicitudes de información pública presentadas por nuestras organizaciones. Además, que responda a TODAS las solicitudes y apelaciones en o antes del 1 de septiembre. Esto requiere, mínimamente, emitir una carta circular sobre cuido de menores, ofrecer alternativas para quienes no tienen acceso a la tecnología y asignar recursos a sus divisiones de apelaciones.
Por los derechos de las familias trabajadoras que quieren recuperarse de esta crisis, exigimos respuesta y acción.