La nueva administración y el saldo pendiente con la recuperación justa
El gobierno entrante tiene una oportunidad única de promover la recuperación justa y saldar las deudas pendientes con las familias que todavía esperan un techo. A tres años y algunos meses del paso del huracán María, sabemos que casi 20,000 personas siguen esperando respuesta y acción por parte del Departamento de la Vivienda. Su programa Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3) financiado con fondos federales CDBG-DR e inaugurado en julio del 2019, apenas ha logrado reparar unas 300 viviendas.
El nuevo secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez debe actuar para eliminar barreras que impiden el acceso a los fondos. Entre éstas, urge garantizar que las personas sin título formal puedan recibir asistencia para arreglar sus viviendas, reconstruir o relocalizarse. Tras dos años de abogacía, Ayuda Legal Puerto Rico y otras organizaciones logramos la aprobación de una orden ejecutiva que establece que los títulos no se requerirán para reparar o reconstruir. Sin embargo, sabemos que los contratistas los siguen exigiendo de forma indebida. Refieren a las personas solicitantes al programa de Autorización de Títulos que ha probado ser un limbo que apenas ha resultado en 16 títulos resueltos en más de un año. Así también, nos preocupa que las guías amenacen con acciones de recobro a personas que no puedan adquirir un "título perfeccionado" al final del proceso de recibo de asistencia.
"las personas no reciben dinero. Los únicos que manejan fondos son contratistas que son seleccionados y suponen ser auditados por el Departamento"
En el caso de las relocalizaciones, se mantuvo la negativa a que las personas puedan reubicarse cuando así lo desean y necesitan si no tienen un documento legal que pruebe titularidad. Como hemos advertido en numerosas ocasiones, esto dejaría sin asistencia a un gran número de solicitantes, sobre todo aquellas personas más pobres. El propio Departamento ha dicho que el 50% de las viviendas en Puerto Rico no tienen un título formal. Solicitar un documento legal no es necesario para impedir acciones fraudulentas ya que las personas no reciben dinero. Los únicos que manejan fondos son contratistas que son seleccionados y suponen ser auditados por el Departamento. La agencia tiene otros mecanismos, como visitas periódicas y certificaciones, para probar que la persona viva en la propiedad por el tiempo requerido tras recibir la asistencia. Los requisitos de título formal se repiten en el Plan CDBG-MIT.
En meses recientes han comenzado a llegar a nuestra oficina casos de personas con hipotecas que están amenazadas con no poder recibir asistencia. Las guías del Programa R3 establecen que, para ser elegible a asistencia para relocalización, las personas tendrán seis meses para resolver su hipoteca. Entre las miles de personas que reciben apoyo legal anualmente a Ayuda Legal Puerto Rico, ninguna tiene los recursos para "resolver" este gravamen y mucho menos en este término. Esto amenaza con dejar fuera a un número mayor de gente. Se debe enmendar la guía del programa para ofrecer alternativas como el recibo de asistencia para atender el gravamen o que el gobierno inicie conversaciones con la banca conducentes a atender este obstáculo.
"el Secretario tiene el deber de establecer mecanismos reales de fiscalización de las compañías contratadas y los contratos"
Entre tantos otros señalamientos, el Secretario tiene el deber de establecer mecanismos reales de fiscalización de las compañías contratadas y los contratos. Cuando solicitamos hace un año, producto de quejas de muchas personas solicitantes, buenas prácticas relacionadas al monitoreo de contratistas, la respuesta que recibimos fue una imagen para redes sociales con palabras o frases estereotipadas. En aquel momento y ahora, nos pareció una falta de respeto a las familias que siguen sin techo seguro. Queremos conocer qué adiestramientos, protocolos y acciones correctivas se asumen cuando los contratistas no responden llamadas, no aparecen los manejadores de casos y se obliga a las personas a firmar contratos con amenazas. Por ejemplo, se le dice a las familias que deben completar contratos en inglés, que no se les pueden dar copias o que tienen solo 24 horas para decidir o perderán la asistencia. Esto es inaceptable. Igualmente, quisiéramos conocer qué se hará con los límites en los contratos. Los acuerdos con las compañías cubren 7,500 solicitudes. ¿Qué sucederá con las demás?
En días recientes, vimos una actualización al portal digital de R3. Nos parece una buena noticia que finalmente exista un diagrama con las etapas del proceso, tal como hemos solicitado. No obstante, es menester que se añadan los términos aproximados de cada etapa para que las personas y el propio Departamento fiscalicen la atención de cada solicitud. En esta misma línea, es importante integrar un dashboard de transparencia que no haga necesario que nuestra organización y otras tengan que presentar solicitudes de información pública para conocer datos que deben estar siempre accesibles, tales como el perfil demográfico de quienes solicitan, número de solicitudes, determinaciones de elegibilidad, entre otros.
Finalmente, seguimos reiterando el llamado a promover participación y transparencia. Necesitamos el reconocimiento de consejos regionales que puedan conocer, incidir y monitorear el cumplimiento del Departamento con el Plan de Acción e influenciar los procesos de recuperación a partir de sus necesidades, deseos y derechos humanos. Se necesitan cuerpos facilitados por personas independientes que promuevan el diálogo, la transparencia y el uso adecuado del dinero.
Estos son sólo algunos ejemplos de la agenda pendiente con la recuperación.