No queremos un zar de la reconstrucción
¿Quién está promoviendo el zar?
La administración Trump, con el apoyo de la Comisionada Residente de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, miembro del Congreso sin derecho a voto, ha propuesto el nombramiento de un monitor federal 1 https://archives.hud.gov/news/2019/pr19-115.cfm (un "zar de recuperación") para encabezar la recuperación de desastres de la isla. Es una medida que busca restringir el poder del Pueblo de tomar decisiones sobre su destino.
Como colonia, el País ha sido gobernado por intereses externos durante siglos. Desde hace más de una década, atravesamos una crisis de endeudamiento que enriquece a instituciones financieras y buitres mientras que empobrece a la población. En 2016, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA, puso nuestra economía y derechos en manos de una Junta de Control Fiscal que ha sido incapaz de poner a la gente antes de la deuda.
Los huracanes de 2017 dieron un golpe devastador a una Isla ya debilitada por el abandono y la austeridad. Dos años después, todavía estamos luchando por recuperarnos. Unas 20,000 familias continuan viviendo bajo toldos azules, esperando reparaciones básicas de la vivienda.
La lenta recuperación representa un fracaso del gobierno en todos los niveles. El escándalo de Rosselló reveló patrones de corrupción y uso negligente de fondos de recuperación y el enriquecimiento con el dolor de las comunidades más vulnerables. Nadie podrá olvidar como el gobierno impidió que las personas obtuvieran recursos esenciales, como agua y medicamentos. Tampoco olvidaremos cómo se nos privó del derecho de contar a nuestros muertos y aún no disfrutamos de vivienda digna.
En todos los niveles, la recuperación ha sufrido la falta de transparencia y responsabilidad. Pero la solución a ese problema no es nombrar un "zar" externo que sea aún menos transparente y responsable.
La transparencia y la rendición de cuentas no pueden imponerse desde el extranjero
A través de estructuras federales que promueven la supervisión y el control no se garantiza una gestión efectiva de los recursos o la participación pública. La Ley PROMESA no ha cumplido su "promesa" de alcanzar la estabilidad financiera. En cambio, la Junta se ha sobrepuesto en los procesos decisionales de política pública y ha debilitado la democracia.
Lejos de ayudar, la imposición de un zar de recuperación, como condición para recibir la asistencia que legítimamente pertenece al pueblo de Puerto Rico, obstaculizaría el proceso de recuperación. Frustraría también nuestros derechos humanos de autodeterminación desarrollo. La falta de poder político no es un síntoma, es la raíz de los obstáculos que enfrentan miles de familias en la isla. Dos años después de los huracanes, los puertorriqueños aún esperan una vivienda adecuada. Una entidad que no responde al pueblo de Puerto Rico dificultaría el proceso de rendimiento de cuentas para las comunidades pobres que están en riesgo de perder sus hogares y tierras.
En lugar de redoblar enfoques de "arriba hacia abajo" al nombrar un zar de recuperación, el Congreso debería hacer lo que el pueblo puertorriqueño ha estado pidiendo todo el tiempo: democratizar el proceso de recuperación empoderando a un comité, sin fines de lucro, compuesto por líderes cívicos y comunitarios puertorriqueños que supervise los fondos destinados a la recuperación post-desastre. Recientemente, una coalición de más de 800 organizaciones locales, estatales y nacionales apoyó esta iniciativa.
El pueblo de Puerto Rico ha demostrado ser extraordinariamente fuerte ante la adversidad, ya sea ocasionada por la naturaleza o por el hombre. Le hemos dicho "ya basta" a un gobierno que mostró ser corrupto y cruel. Se ha demostrado que Puerto Rico es más fuerte cuando el poder está en las manos de la gente. Ahora, la gente está lista para dirigir a Puerto Rico hacia una recuperación justa y equitativa.