El acceso a la justicia y las ejecuciones de hipotecas
La crisis de vivienda que enfrenta el País afecta desproporcionalmente a laspoblaciones más vulnerables. Esta crisis se agrava por la austeridad, el aumento en lapobreza y la desigualdad, así como por la pérdida de miles de techos tras loshuracanes de 2017 y la inacción de los gobiernos locales y federales para repararlos.No disfrutar de una vivienda digna implica poner en riesgo otros derechosfundamentales como la salud, el empleo, la educación y la vida digna. Se estima quemás de 64,000 familias se encuentran a punto de perder sus viviendas debido a que nopueden cumplir con sus pagos de hipoteca. Existen diversas leyes y mecanismos quesuponen proteger a las personas deudoras, tales como la legislación que requiereacudir a mediación en procesos de ejecución y la moratoria de un año en el pago de lospréstamos federales tras los desastres. Sin embargo, estos han demostrado serinsuficientes para mediar en la desigualdad entre los acreedores y las personas que nopueden pagar sus préstamos, no cuentan con los recursos para negociar con el banco y experimentan barreras de acceso a la justicia.
ESTADÍSTICAS
Las estadísticas recientes sobre ejecuciones de hipotecas son aquellas publicadas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Estas estadísticas representan una aproximación a este complejo problema. Por ejemplo, no incluyen datos sobre préstamos que han sido vendidos por los bancos y podrían reflejar incorrectamente el impacto de las moratorias.
Para el año 2018, se calculaba que en Puerto Rico había más de 372 mil préstamos hipotecarios. De estos, se estima que 50,399 se encuentran en estatus de morosidad. Una persona puede incurrir en morosidad si deja de realizar tres pagos de hipoteca.
Las estadísticas de OCIF reflejan que el valor de las viviendas ejecutadas por los bancos en Puerto Rico en los últimos 10 años (2008-2018) asciende a $5,790,043,000.00. El estimado de casas ejecutadas en este periodo asciende a 34,377. Se estima que un total de 137,508 personas quedaron en la calle. El Banco Popular de Puerto Rico es la institución bancaria con más ejecuciones (16,899), seguido por Doral Bank (6,618), Scotiabank (4,460), First Bank (3, 647), Santander (2,431) y Oriental Bank (322).
En los tribunales, para el año fiscal 2016-2017, se presentaron 8,448 casos de ejecuciones de hipoteca. Esta estadística no incluye los pleitos que se presentan en el tribunal federal, donde las barreras de acceso a la justicia son mucho mayores.
Otro dato importante es el de la pobreza. Según los datos del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey), se estima que el nivel de pobreza en Puerto Rico a raíz del huracán María aumentó de un 44.3% a un 52.3%. El nivel de desempleo, la migración de personas en edad productiva a los Estados Unidos, así como la feminización de la pobreza son factores importantes a considerar.
NUESTRO TRABAJO
Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. Nuestros ejes de trabajo son el desarrollo de coaliciones, la educación legal, el desarrollo de capacidades, el trabajo legal comunitario y la abogacía de impacto social. Estos ejes se nutren del uso innovador de la tecnología y del análisis de políticas públicas.
Contamos con varias iniciativas dirigidas a personas y familias en riesgo de ejecución de hipoteca. Estas incluyen la herramienta www.derechoatucasa.org, que ofrece educación legal gratuita y accesible, la línea de ayuda en casos de vivienda y el acompañamiento legal que se ofrece a través de herramientas digitales y los talleres comunitarios. Desarrollamos análisis de política pública para cambiar los procesos y legislaciones que afectan el acceso a la justicia y el derecho a la vivienda. En el caso de las ejecuciones de hipotecas, presentamos recomendaciones puntuales a la Legislatura, Rama Judicial, Procuradurías y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que velan por los derechos de poblaciones vulnerables.
¿Cuáles son los próximos pasos?
- Capacitar al personal que atiende poblaciones vulnerables sobre el tema de ejecución de hipotecas para que puedan identificar factores que colocan a las personas en riesgo de perder sus hogares.
- Investigar la efectividad de las leyes que atienden el tema de la ejecución de hipotecas, en específico de aquellas que requieren la mediación compulsoria.
- Requerirle a la banca y a los acreedores que adopten mecanismos uniformes, accesibles y transparentes relacionados con los procesos de mitigación de pérdida.
- Desarrollar estrategias de educación legal abierta sobre el tema de ejecución de hipotecas, dirigidas a personas sin preparación legal, familias y comunidades. La literatura nos señala que la educación comunitaria es útil para empoderar a los individuos, trabajar los mitos y dudas sobre los procesos y empoderar a las personas.
- Garantizar los recursos a la Rama Judicial y entidades que ofrecen servicios legales gratuitos para que puedan ofrecer mejores servicios a la población afectada por la ejecución de hipoteca.
- Sostener un diálogo multisectorial – con miras a presentar políticas públicas puntuales- sobre el impacto de la crisis de ejecuciones de hipoteca y alternativas que permitirían la retención del hogar.